Fénix de Kronos Magazine
Lolumna de Hierro
Por Eusebio Gimeno
Cuernavaca, 21 de abril de 2026
En Morelos no hubo alternancia: hubo continuidad del deterioro.
El estado vivió dos sexenios consecutivos de desgaste institucional, crisis de seguridad y ruptura con la ciudadanía: primero bajo el gobierno de Graco Ramírez y después con Cuauhtémoc Blanco. Dos estilos distintos, dos narrativas opuestas… pero un mismo resultado: un Morelos más frágil.
Graco Ramírez representó al político profesional que terminó perdiendo el pulso social. Su administración, que inició con promesas de modernización, concluyó marcada por la confrontación con sectores clave —la universidad, empresarios y organizaciones civiles—, así como por un crecimiento sostenido de la inseguridad. A ello se sumó un dato duro que aún pesa en las finanzas estatales: una deuda superior a los 10 mil millones de pesos, que comprometió la capacidad operativa del gobierno.
Cuauhtémoc Blanco llegó como la antítesis de ese modelo. No era político: era símbolo del rechazo. Su triunfo fue menos una adhesión que un voto de castigo. Sin embargo, el experimento derivó en un gobierno caracterizado por la improvisación, los conflictos internos y los escándalos constantes. Lejos de corregir el rumbo, su administración mantuvo —e incluso profundizó— la crisis de seguridad y debilitó la estructura institucional. En materia financiera, aunque menor en términos absolutos, dejó una deuda superior a los 6 mil millones de pesos, sin lograr revertir la tendencia de deterioro.
Entre ambos sexenios, Morelos transitó de la ineficiencia tecnocrática a la debilidad institucional. Ese es el punto central: no hubo corrección de rumbo, sino acumulación de problemas.
El punto de quiebre: una nueva administración
La llegada de Margarita González Saravia en 2024 abre una etapa distinta, no tanto por resultados —aún en construcción—, sino por las señales políticas que busca enviar. Su gobierno arranca con una premisa básica: reordenar el aparato estatal. Después de años de tensiones, desarticulación administrativa y pérdida de control territorial, la nueva administración ha planteado “poner la casa en orden”, priorizando acciones en comunidades marginadas y enfocando recursos en infraestructura básica y programas sociales.
El enfoque es claro: reconstrucción desde lo local. Agua potable, escuelas, apoyos directos y atención a zonas rezagadas forman parte de una estrategia que busca recomponer el vínculo entre gobierno y ciudadanía.
Al mismo tiempo, se ha marcado una línea de ruptura con el pasado inmediato. La actual administración ha promovido señalamientos y denuncias por presunto uso irregular de recursos durante el sexenio anterior, en un intento por establecer un mensaje de rendición de cuentas. Sin embargo, el alcance real de estas acciones dependerá de si se traducen en consecuencias jurídicas concretas o permanecen en el terreno político.
La prueba real: lo que no ha cambiado
Más allá del discurso, hay tres factores que definirán el rumbo del estado:
- Seguridad: sigue siendo la principal deuda histórica.
- Capacidad institucional: reconstruir un gobierno debilitado no es inmediato.
- Credibilidad: la ciudadanía ha reducido su margen de confianza.
El reto no es menor. Morelos no parte de cero; parte de un desgaste acumulado durante más de una década.
Conclusión: una oportunidad condicionada
Morelos no cambió de problema; cambió de momento.
Tras dos sexenios fallidos, el estado enfrenta una oportunidad que no está garantizada. La diferencia no la marcarán los discursos ni las narrativas, sino los resultados concretos, especialmente en materia de seguridad.
Si la actual administración logra avances reales, podrá construir legitimidad.
Si no, Morelos habrá encadenado un tercer sexenio perdido.
Porque, al final, la política estatal se mide con una vara sencilla y contundente:
si la gente puede vivir sin miedo.
Y esa sigue siendo, hasta hoy, la gran deuda pendiente.