Fénix de Kronos Magazine
El transporte público en Morelos no solo mueve pasajeros… también mueve poder político, dinero y capacidad de presión social. Ahí se encuentra buena parte de la explicación de por qué ningún gobierno ha logrado reformarlo de fondo. Y hoy, tras el acuerdo entre el gobierno estatal y los líderes transportistas para aumentar la tarifa de 10 a 13 pesos, vuelve a abrirse una vieja discusión: ¿quién manda realmente en el transporte morelense?
Porque esta historia no comenzó ayer.
Hay que remontarse a los tiempos del gobernador Lauro Ortega Martínez, cuando el viejo “pulpo camionero” fue prácticamente desmantelado y nacieron las famosas rutas y camionetas colectivas mediante concesiones entregadas a choferes y pequeños operadores. Aquella decisión parecía democrática y popular. Miles de conductores dejaron de ser empleados para convertirse en concesionarios. Sin embargo, con el paso de los años ocurrió otra cosa: muchos permisos terminaron concentrados en manos de líderes transportistas que construyeron verdaderos imperios económicos y políticos.
Así surgieron organizaciones capaces no solo de controlar rutas, taxis y concesiones, sino también de paralizar ciudades enteras mediante bloqueos, marchas y plantones. Los gobiernos aprendieron rápidamente que confrontarse con el transporte público tenía altos costos políticos. Mientras los dirigentes acumulaban fortuna y poder, el sistema envejecía: unidades deterioradas, servicio deficiente, inseguridad y una modernización que nunca terminó de llegar. Por eso, cada aumento al pasaje provoca enojo social. Porque el ciudadano siente que paga más… por el mismo mal servicio de siempre.
Y, sin embargo, ningún gobernador ha logrado romper ese círculo. Porque en Morelos, el transporte público ya no es solamente un servicio: es una estructura de poder. Precisamente por ello resultó relevante el acuerdo alcanzado ayer entre el gobierno estatal y los concesionarios. Tras días de tensión y amenazas de movilizaciones que pudieron haber puesto de cabeza a la entidad y provocado un auténtico caos vial en Cuernavaca y otros municipios, ambas partes finalmente pactaron.
El incremento autorizado será de tres pesos al recorrido mínimo: la tarifa pasará de 10 a 13 pesos a partir del mes de julio. A cambio, los transportistas asumieron compromisos de modernización y mejoramiento del servicio, una exigencia que durante años ha reclamado la ciudadanía.
Por lo pronto, el gobierno evitó un conflicto mayor y los transportistas consiguieron el aumento que venían exigiendo. La verdadera pregunta será si ahora sí llegará la modernización… o si, una vez más, el usuario terminará pagando más para seguir viajando igual.
